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Por: Araceli Burguete Cal y Mayor. CHIAPAS, MÉXICO.- La lucha indígena en su manifestación armada se reactivó en Chiapas en los últimos meses del año 2021: en Pantelho, “El Machete”, que salió a la luz pública el 10 de julio. Otro grupo armado que se hizo llamar “Gente de la Selva” se manifestó en las redes sociales el 03 de octubre en apoyo a El Machete, aunque no hubo una base social que lo reivindicara. Otro grupo “Fuerzas Armadas de Simojovel”, difundió imágenes en las redes sociales en la misma fecha. En Altamirano, civiles armados que se nombraron como “Grupo de Autodefensa” irrumpieron el 07 de octubre.
¿Qué tienen en común estas
manifestaciones armadas? 1) En todos los casos la irrupción se produce en
municipios indígenas; 2) Todas se inscriben en un contexto de conflictos
postelectorales. La de Pantelhó se produjo después de haberse conocido los
resultados de las elecciones municipales que se celebraron el 06 de junio; y
las otras, horas después de la asunción de los poderes municipales, que en el calendario
electoral se marca el 01 de octubre.
3) Se trata de protestas armadas en
contra de nuevos cacicazgos que se configuran en esos municipios, ya que la
presidenta y/o el presidente, tienen a su cónyuge como antecesor. Son “parejas
presidenciales” que han hecho un uso instrumental y perverso del principio
constitucional de la paridad de género para monopolizar a la institución
municipal. En Pantelhó, el presidente electo Raquel Trujillo Morales recibiría
el cargo de manos de su esposa Yaneth Velasco Flores; en Altamirano, Gabriela
Roque Tipacamú, presidenta electa sería sucesora de su esposo Roberto Pinto
Kanter, presidente en funciones; y en Simojovel, Gilberto Martínez, presidente
electo, su esposa Viridiana Hernández Sánchez le entregó la silla presidencial.
4) De los tres ayuntamientos electos,
dos fueron postulados por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y uno
del Partido de la Revolución Democrática (PRD); y, 5) De los tres municipios en
conflicto, en dos ellos se crearon sendos Concejos Municipales, en Pantelhó el
18 de agosto, y en Altamirano el 28 de octubre.
Otros conflictos postelectorales que
irrumpieron en el estado en 2021 respondieron a otras variables. De manera
señalada ganó relevancia la inestabilidad política que en esos municipios
generó la presencia de grupos del crimen organizado, impidiendo que se llevara
a cabo la jornada electoral, por lo que en algunos municipios no hubo
autoridades municipales electas, lo que condujo al Congreso del Estado a crear
Concejos Municipales.
De tal forma que entre agosto de 2021
y junio de 2022, el Congreso del Estado ha aprobado la integración de 13
Concejos Municipales[1], agregando uno más en días recientes, en el municipio
de Teopisca, el 24 de junio, por motivo de la crisis política que condujo a la
renuncia del Cabildo (excepto la síndica), después del asesinato, el 8 de junio
de José Rubén Valdez Díaz, presidente municipal (PVEM).
De esta forma, como ocurrió tres
décadas atrás, el tema municipal vuelve a estar en el centro de la disputa por
el poder en el estado, lo que coloca un posible escenario para el 2024 en una
suerte de “democracia militarizada”. Diversos analistas han llamado la atención
sobre la politización de los actores criminales como un fenómeno de nuevo cuño
en el país; es un problema de carácter nacional que se expande, en una
intersección entre lo político y lo criminal haciendo política, y de políticos
vinculados a redes delincuenciales[2].
Diagnósticos realizados en la década
pasada ya mencionaban a la frontera sur chiapaneca como un lugar de trasiego,
corredor de carteles y grupos delictivos realizando diversos delitos, entre
otros el de tránsito y destino de migrantes[3]. Pero hoy la novedad es su
presencia en la política como actores relevantes en los procesos electorales y
en la vida municipal, por lo que la comprensión de este fenómeno requiere una
perspectiva metodológica que ponga luz en la intersección en donde se cruzan
ambas políticas, las estatales y las del crimen organizado.
Así Chiapas, hoy. Frente a una realidad
que nos desafía, toda vez que la violencia está en las calles que día a día
transitamos, nos convoca a reflexionar sobre la problemática que ahora nos
agobia. En este tenor, la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas emitió un
Comunicado en el que refiere que ya desde el año 2020 se había diagnosticado:
“El crimen organizado cada día ocupa más espacios en el territorio chiapaneco
[…] Dichos grupos y fuerzas, en muchos municipios, logran controlar a las
autoridades municipales. Todo esto causa inseguridad, violencia, extorsiones y
desplazamiento forzado de personas y familias.”
En este escenario convulso en el
estado, el municipio es el espacio en donde la intersección entre la política y
el crimen organizado se hace explícito, y no solo en los procesos electorales,
sino en el ejercicio de gobierno. Frente a esta inédita situación, el gobierno
del estado parece estarse apoyando en el Congreso local para crear Concejos
Municipales que le permitan algún margen de maniobra para recuperar la
gobernabilidad en esos municipios, y contener el control del crimen organizado
en el territorio estatal a través de los municipios.
Pero, por otro lado, otra estrategia
ha irrumpido, el de los pueblos indígenas que han desplegado acciones en sus
territorios, que cuestionan a los ayuntamientos electos en 2021 ya que esos
encarnan los cacicazgos, y que algunos de ellos han sido claramente
identificados en sus vínculos con grupos del crimen organizado. Irrumpe
entonces una disputa con el Estado en el terreno electoral, en la forma y fondo
de cómo se eligen a las autoridades del Cabildo en los municipios indígenas.
Son las nuevas luchas indígenas
chiapanecas de la segunda década del siglo XXI, que vuelven a reactivarse en el
terreno de las armas, por lo que la formación de grupos de autodefensa se
manifestó como una estrategia que se propuso impedir que los cacicazgos
familiares se queden con el ayuntamiento, y con ello con el gobierno indígena.
Por lo que el conflicto postelectoral fue el terreno en donde se manifestó en
esta coyuntura, pero que eventualmente pueden volver a irrumpir, si el clamor
de justicia que contienen, no se atiende. Otro campo de confrontación entre
estas nuevas luchas indígenas se da en el terreno de los Concejos Municipales
que se han formado, en donde a veces los intereses de gobierno coinciden con la
de los pueblos, como ocurrió en Altamirano, como veremos más adelante. Pero que
en otros casos, los Concejos Municipales son recursos políticos para la
intervención desde el gobierno del estado y el Congreso local, para disminuir
el filo autonómico, como ha ocurrido en el municipio de Pantelhó, después de la
activación pública del grupo de autodefensa El Machete.
El cual irrumpió para demandar
justicia, para hacer visibles las acciones de la delincuencia organizada, y
expulsar del municipio al crimen organizado y ha señalado de forma expresa al
grupo de “Los Herrera”, a “Los Capotes” y a “Los Ciriles”, entre otros, quienes
durante casi dos décadas violentaron a los ejidos y comunidades. Cuyos crímenes
permanecieron en la impunidad por la omisión de las instituciones de gobierno,
sordas ante las denuncias y omisiones en la aplicación de la justicia.
Lo trágico ahora es que desde agosto
de 2021 han sido ya cuatro los Concejos Municipales creados en ese municipio, y
que no solo la justicia no ha llegado, sino los ejidos y comunidades
organizadas perciben hostigamiento, y se han sentido intervenidos. Por lo que
en contrario a la esperanza de que la justicia intervenga para detener a las
personas identificadas con los grupos ligados con el crimen organizado, ocurre
ahora al revés, ya que las autoridades del Concejo Municipal Popular, han sido
detenidos y su defensor el padre Marcelo ha sido criminalizado.
Todo ello ha debilitado a El Machete,
generando tensiones internas entre sus integrantes, por lo que es probable que
con tantas intervenciones se tenga este propósito de hacerle perder fuerza; y
tal cosa ocurre sin que la violencia del crimen organizado haya cesado, por lo
que son varias centenas de personas en condición de desplazados. Ya que como
experiencias en otros países han hecho visibles cómo las acciones de la
delincuencia organizada socavan las bases de la autonomía indígena[6]. Así las
cosas, en estos escenarios me pregunto ¿Son los Concejos Municipales el motivo
del conflicto, como lo señalan los ciudadanos en donde estos se han instalado?
¿Son los Concejos Municipales estrategias gubernamentales para la pacificación
en los municipios en conflicto? ¿Son los Concejos Municipales recursos para
intervenir las luchas indígenas que se han formulado en una gramática
autonómica?
En esta contribución desarrollo la
hipótesis que la creación de un Concejo Municipal es un dispositivo que el
gobierno ha usado cuando los actores políticos no pudieron resolver la disputa
de poder mediante los procedimientos democráticos electorales, por lo que
entraron en conflicto, como ocurrió en Oxchuc; agravado ahora, en muchos casos,
por la presencia de las armas, tanto la de expresiones de la lucha autonómica
en municipios indígenas, como por la presencia de grupos del crimen organizado,
que ha creado un cuadro de inseguridad para que los procesos electorales se
desarrollen con garantías a la ciudadanía y a la democracia.
De tal forma que si bien no se puede
ignorar que la emergencia de la vía armada en las regiones indígenas fue la
estrategia a la que recurrieron para obligar al gobierno del estado para que
volteara a ver y conociera sobre la impunidad de su ausencia. La violencia que
generan los grupos armados, tanto de los grupos de sicarios, como el de las
autodefensas, crean un clima de violencia generalizada que la ciudadanía sufre,
y que cuando la justicia no llega, pueden crearse nuevos conflictos,
reconfigurados en un caldo de cultivo de violencia armada que puede escalar,
penetrada por el crimen organizado. La lucha contra los cacicazgos en los
municipios indígenas en Chiapas, a casi tres décadas la historia se repite
Ganar un ayuntamiento municipal es una
reivindicación indígena permanente. No es para menos, allí está el gobierno
indígena de un pueblo, y en un proceso electoral este puede ser capturado por
actores que no responden al interés comunitario; motivo por el cual lograr el
gobierno municipal indígena es recurrentemente una aspiración. Así que, una
clave para reducir el conflicto es que la legislación electoral mejore la
regulación y procedimientos para garantizar que en todo municipio indígena haya
siempre un gobierno indígena; cuando no es así, irrumpe el conflicto. Esto
ocurrió en las elecciones de 2021 y también tres décadas atrás.
Se recuerda que las primeras acciones
armadas del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el año de 1994,
se dirigieron en contra de los poderes caciquiles que estaban enquistados en
los ayuntamientos. El día 01 de enero de 1994 comenzó con el ataque de los
rebeldes en contra de cinco edificios municipales, y en algunos casos los
tomaron y destruyeron, como fue el caso del municipio de Altamirano, en donde
con marros derribaron la torre del reloj. Y, como si la historia se repitiera
de manera circular, el 16 de septiembre de 2021, un grupo de tzeltales y
tojol-ab’ales tomaron de nuevo el edificio municipal de Altamirano y lo
incendiaron. Los actores de 1994 y en 2001 son los mismos, y los problemas
también; lo que da cuenta de su permanencia.
En 2021 la protesta se dirigió en
contra de los resultados electorales del 06 de junio. La explosión popular se
presentó en la toma y quema del edificio municipal y el secuestro del entonces
presidente municipal, Roberto Pinto Kanter, quien el día primero de octubre
debía ceder la silla presidencial a su esposa, Gabriela Roque Tipacamú, quien
había sido electa como presidenta municipal, postulada por el Partido Verde
Ecologista de México (PVEM). Este conflicto postelectoral, con varios meses de duración,
incluyó la emergencia de un grupo armado de autodefensa que se sumó a la
inconformidad por el resultado electoral que representaba la continuidad del
cacicazgo de la familia Pinto Kanter, que se había alternado en el poder
municipal durante 9 años.
Los resultados electorales en
Altamirano sorprendieron, ya que de acuerdo a las Políticas de Acción
Afirmativa que promovió el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de
Chiapas (IEPC), se propusieron que indígenas fueran las autoridades en su
municipio. De acuerdo con las reglas del IEPC, Altamirano era un municipio
indígena que estaba colocado en el “Grupo Poblacional 2”, es decir con
población indígena significativa. En efecto, Altamirano registró un 87.79 % con
autoadscripción indígena[7]. Por lo que no resultaba extraño cómo es que este
municipio con tan alto porcentaje de población indígena, haya quedado de nuevo
en manos de la familia finquera. Esta fue la razón del levantamiento armado en
Altamirano, hasta que un Concejo Municipal que se instauró el día 28 de octubre
corrigió ese error institucional. El conflicto postelectoral y la emergencia
del grupo de autodefensa que lo acompañó, no hubieran irrumpido sí las acciones
afirmativas hubieran funcionado a favor de los indígenas, lo que llama a la
corrección en el diseño, para que tal cosa no vuelva a ocurrir.
Para pacificar el municipio y lograr
la liberación del entonces presidente Kanter, el Congreso del Estado propuso la
integración de un Concejo Municipal: 84 comunidades se reunieron en una
asamblea para deliberar sobre el nombramiento de las cinco personas que
propondría: María García López (de la zona tseltal) como Presidenta Concejal;
Gabriel Montoja Oseguera (de la cabecera municipal), como Síndico. En los
cargos de regidores fueron nombrados Mayra Teresa Pérez López, de la zona
media; Oscar Gómez Velasco, de la zona tojol-ab’al, y Cristóbal Gómez Sántiz,
de los Altos, quienes estarían en funciones desde el 28 de octubre hasta el 30
de septiembre de 2024. La integración del Concejo Municipal logró descentrar el
poder en una perspectiva de interculturalidad, por lo que abrió la oportunidad
para nuevos acuerdos de representación micro regional, y debilitar al cacicazgo
de los Pinto Kanter en el municipio.
Los acontecimientos en 2021 en Altamirano,
remiten a procesos y episodios históricos que se desplegaron 27 años atrás,
cuando en el contexto del levantamiento armado del EZLN, entre 1994 y 1995, se
crearon 38 Concejos Municipales, con integración pluriétnica y micro regional,
con el propósito de dispersar el poder entre la diversidad que contenían.
La redistribución del poder en el
ámbito municipal abrió una ruta política en la coyuntura del conflicto armado
zapatista[8]. En ese momento contuvo el impulso autoritario del gobierno
federal que había reaccionado con medidas de guerra al EZLN. Como primera
reacción al levantamiento armado, el presidente Carlos Salinas de Gortari envió
al Ejército a sofocar la rebelión. Los combates entre ambas fuerzas duraron
once días.
La irrupción zapatista cuestionó la
legitimidad del sistema político-electoral en México, por lo que en su primera
etapa (1994-1995) su principal reclamo fue la Reforma del Estado (hasta 1996).
Rechazó la subordinación de los campesinos-indígenas a las oligarquías locales,
que tenían el poder económico y político en sus manos a través de sus redes y
lealtades con las cúpulas del entonces partido dominante, el Partido
Revolucionario Institucional (PRI). Una de las formas en cómo ese
cuestionamiento se expresó fue a través del rechazo a los ayuntamientos en
turno.
Desde el primer momento de la
irrupción, las voces de la sociedad civil salieron a las calles a demandar el
cese al fuego, haciendo un llamado a la paz. Destacados intelectuales
pacifistas, como el antropólogo Andrés Fábregas Puig y el escritor Eraclio
Zepeda, encabezaban el reclamo, llamando al presidente a la cordura,
invitándolo a desplegar estrategias para la pacificación del estado y detener
el fuego.
Al comenzar la década de los noventa,
los municipios estaban en manos de cacicazgos racializados, excluyendo a los
indígenas de los cargos del Cabildo, en municipios en donde ellos eran una
mayoría demográfica. Detrás de las tomas de los palacios municipales que
iniciaron los zapatistas vinieron otros, cuyos actores eran organizaciones
sociales y sociedad civil organizada, adheridas la mayoría de ellas al Consejo
estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Chiapas (CEOIC).
Para el mes de marzo de 1994,
veinticuatro edificios municipales habían sido tomados. El diálogo para
pacificar el estado requirió la redistribución del poder a través de la
creación de Concejos Municipales, integrados con criterios de pluralismo
político y de diversidad cultural, pero también de incorporar la diversidad
territorial; esto es, que dentro de los Ayuntamientos también estuvieran
representadas las micro regiones de cada municipio, creando un diseño municipal
de configuración plural[10].
En el contexto del conflicto armado 38
Concejos Municipales se crearon entre los años 1994 y 1995, como puede verse en
el cuadro siguiente. En la coyuntura del conflicto armado los Concejos
Municipales fueron usados como recursos políticos para la pacificación, aunque
muchos de ellos con propósitos contrainsurgentes. El municipio fue el terreno
desde donde el gobierno federal y del estado dieron respuestas a la población
inconforme en el estado, en particular en los municipios indígenas, y fue desde
allí desde donde el Estado rearticuló su hegemonía.
A casi tres décadas, los municipios se
encuentran hoy otra vez convulsionados por la violencia; pero ahora con la
agravante de la presencia del crimen organizado, como nuevos actores. Desde
hace ya dos décadas la violencia criminal entró al estado y han ido
progresivamente adueñándose de los municipios. Su presencia como un actor
político en los territorios ha enrarecido el desempeño de los procesos
electorales, y de la gestión pública, pero también socava día a día la autonomía
de los pueblos indígenas, penetrándolos.
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